Comisión escucha a la OSL sobre PDLAC 129; apoya transparencia pero pide análisis fiscal, piloto y enmiendas

La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes celebró hoy una vista pública sobre el PDLAC 129, iniciativa que busca exigir la transmisión por internet de las sesiones y trámites legislativos de las 78 asambleas municipales de Puerto Rico. La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) dijo respaldar la intención de mayor transparencia, pero advirtió que la medida requiere un análisis fiscal y operativo antes de convertirse en mandato.

"El propósito de esta medida es bien sencillo, darle más acceso al pueblo a lo que ocurre en las legislaturas municipales", dijo Olga E. López Iglesias, directora ejecutiva de la OSL, durante su comparecencia. López Iglesias señaló que el objetivo es legítimo y consonante con principios de acceso a la información y rendición de cuentas, pero subrayó que la implementación tiene consecuencias prácticas que deben estudiarse.

La OSL detalló que el sistema de trámite legislativo estatal (SUTRA) fue desarrollado con una inversión previa y que ampliar su uso para incorporar a los municipios implicaría programación adicional, soporte técnico, almacenamiento y personal. "Nuestros estimados más conservadores, se necesitaría cerca de $100,000 solo para poner en marcha el proceso", afirmó López Iglesias, y agregó que el desarrollo original del nuevo SUTRA costó cerca de $200,000, financiado con fondos ARPA.

Waren Figueroa, director de tecnología de la OSL, dijo que la oficina no dispone actualmente de las herramientas necesarias para transmitir simultáneamente audio y video de las 78 asambleas municipales y advirtió riesgos de ciberseguridad si se ampliara indiscriminadamente el acceso de usuarios al sistema. Figueroa propuso que la entrada de datos a la plataforma sea realizada por personal de la OSL con certificación del secretario de cada asamblea municipal para garantizar la fidelidad de la información.

El director de trámite legislativo, identificado en la vista como Jan Pebo, aportó cifras sobre la variabilidad en volumen legislativo entre municipios (por ejemplo, 217 ordenanzas/resoluciones en "Ballamón", 168 en Cabo Rojo, 155 en Juana Díaz), y explicó que la OSL actualmente publica la versión final de ordenanzas y resoluciones que le remiten las secretarías municipales, conforme a la Ley 77 del 2023.

Varios legisladores manifestaron apoyo a la meta de transparencia pero coincidieron en que la redacción que obliga a la OSL a proveer la "estructura digital" complica la ejecución. El representante Pedro Julio Santiago Guzmán dijo que la inclusión de la OSL en la obligación agrega cargas operativas y presupuestarias y que sería útil buscar un "happy medium" con OPAL y organismos municipales.

El representante identificado en acta como "Sergio TV" denunció que en municipios como Carolina existe resistencia a que ciudadanos graben sesiones públicas y dijo que el proyecto busca garantizar acceso donde hoy se restringe la grabación. La OSL respondió que la responsabilidad primaria de transmitir corresponde a los municipios y que, de participar la OSL de manera activa, la oficina necesitaría mecanismos de certificación y recursos adicionales.

Como pasos siguientes, la comisión instruyó a la presidencia a recabar un análisis fiscal de OPAL y a consultar formalmente con la Federación y la Asociación de Alcaldes para documentar experiencias municipales previas y precisar costos e implementación. La vista finalizó sin votación ni decisión sobre el proyecto.

El debate mostró consenso en el objetivo de ampliar el acceso ciudadano, y diferencias sobre quién debe asumir la infraestructura y cómo financiarla; la comisión pidió información adicional antes de considerar enmiendas o avanzar en el trámite.