Comisión de la Cámara anuncia nuevas citaciones tras hallar multas sin documentación en inspecciones vehiculares

El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura abrió la vista pública el 20 de marzo para revisar la implementación del artículo 12 de la Ley 22-2000, que regula las inspecciones vehiculares, y la resolución 352 presentada en la sesión (identificada en la grabación a veces como "Varela Fernández"). El presidente dijo que la comisión busca "la verdad" sobre cómo se aplicaron las multas y acuerdos.

El licenciado Dr. Aníbal Castro Pérez, quien se identificó como representante de Yaucoa Autoservice (estación HM101), entregó una carta y pidió excusar a su cliente de declarar en la vista pública por existir una investigación en curso del Departamento de Justicia. En su carta afirmó: "Confiamos en que la verdad saldrá a relucir y que quedará demostrado que no se ha cometido ninguna ilegalidad." Castro Pérez añadió que su cliente no está autorizado a hacer declaraciones públicas mientras dure la investigación.

Los legisladores expresaron su intención de continuar la investigación y reclamar toda la documentación relacionada con las multas aplicadas por la agencia de inspección. En la exposición de la comisión se indicó que 68 centros fueron multados; se mencionaron montos individuales reportados en el expediente —ejemplos citados por miembros: $100,000; $120,000; $80,000— y que en varios casos las partes llegaron a acuerdos por sumas muy menores (mencionado un acuerdo de $5,000). La comisión denunció que no existe constancia documental en los archivos de la agencia responsable ni en el Departamento de Hacienda sobre cómo se registraron o resolvieron esas sanciones.

Ante la ausencia de la mayoría de los citados —o su comparecencia únicamente a través de abogado— la presidencia anunció que volverá a citar a los centros que no comparecieron "con apercibimiento de desacato" y que, en vistas futuras, exigirá la entrega de documentación bajo juramento para poder comparar los documentos que posean los centros con los registros oficiales.

La comisión también anunció que citará al secretario de la agencia de transporte encargada de las inspecciones (mencionada en la sesión como DITOP), al secretario del Departamento de Hacienda y a las personas identificadas en la investigación (entre ellas, el señor Arturo De Lis y la señora Mari Fuster) para que expliquen el proceso administrativo y aporten la documentación faltante.

Varios representantes coincidieron en que el debate debe ser público por involucrar fondos públicos y la transparencia de procedimientos administrativos: "era importante que fuera a vista pública porque de lo que se trata fundamentalmente es de mecanismos de imposición de multas, pero también de fondos públicos", dijo el representante Michael Lebrón.

La comisión programó además una vista ejecutiva el próximo lunes para continuar evaluando los procesos y procedimientos que se van a seguir; la sesión se cerró a las 10:30.

Próximos pasos: nuevas citaciones con apercibimiento de desacato a los centros que no comparecieron, solicitud de documentación bajo juramento y citación de secretarios y testigos claves. La comisión anunció que, si se detectan indicios de conducta delictiva, podría remitir asuntos a las autoridades correspondientes.