Administradores y DACO advierten que enmiendas a la ley de condominios podrían elevar costos y burocracia

La Comisión de lo Jurídicos de la Cámara de Representantes recibió comentarios de asociaciones de administradores y del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre el proyecto que busca enmendar la Ley de Condominios (P. de la C. 1101). Las intervenciones el 15 de abril advirtieron que varias enmiendas podrían encarecer la operación de los condominios y aumentar administración y litigiosidad.

Wilson Cruz Chocano, de la Asociación de Condominios y Control de Acceso, valoró aspectos positivos del proyecto (participación remota, mayor fiscalización) pero dijo que la eliminación de la potestad de la junta para suspender servicios sin autorización de DACO o tribunal “encarecería” y demoraría procesos necesarios para cobrar morosos. Cruz señaló que reproducir copias de centenares o miles de documentos para asambleas sería oneroso y que exigir la notarización de poderes aumentaría costos para titulares.

Marco Rosado, presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios, advirtió que sanciones elevadas (ejemplos en el proyecto de multas diarias) podrían provocar la renuncia masiva de voluntarios en juntas de directores y afectar la continuidad administrativa; también cuestionó límites obligatorios a la duración de contratos de agentes administradores (4 años) que, según dijo, podrían poner en riesgo empleos y fuentes de servicios.

Un representante del DACO (Lic. Cicardo) aportó datos sobre capacidad: citó 973 querellas activas al 13 de abril, con 598 querellas recibidas en 2024 y 541 en 2025; explicó que el departamento tiene plantilla reducida para atender adjudicaciones de condominios (sólo 4 jueces administrativos especializados) y por tanto puso en duda la conveniencia de transferir toda la jurisdicción al tribunal sin un análisis fiscal y operativo.

Los comparecientes propusieron alternativas: crear un comité de conciliación como filtro inicial, mejorar recursos y capacitación del DACO, o mantener competencias administrativas con salvaguardas que no encarezcan el acceso a remedios. La comisión señaló que dará seguimiento, solicitará datos adicionales y podrá convocar nuevas vistas.