Comisión de la Juventud escucha a agencias y oficiales sobre proyecto que autoriza uso excepcional de gas pimienta en instituciones juveniles

La Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 10-58, que propone autorizar de manera estricta y excepcional el uso de gas pimienta en las instituciones que componen el programa de instituciones juveniles.

En la sesión, representantes del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) dijeron apoyar la iniciativa siempre que se adopten protocolos rigurosos. “Apoyamos a favor de la medida del proyecto de la cámara 10-58, y que la misma se convierta en ley”, declaró la coordinadora de seguridad del programa, Zulma Matías, durante su ponencia ante la comisión. El DCR sostuvo que el gas pimienta es una herramienta no letal que puede ser idónea ante una amenaza inminente y que su uso debe acompañarse de formación obligatoria, documentación detallada, evaluación médica inmediata y auditorías externas.

La Fiscalía y el Departamento de Justicia, representados por la licenciada Viviana Catalá, expusieron una opinión legal favorable condicionada al cumplimiento de protocolos. Catalá dijo que, conforme a la exposición de motivos, la medida “logra un balance razonable entre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de salvaguardar la seguridad institucional” y que no existe objeción legal a su aprobación siempre que la implementación sea estrictamente excepcional y regulada.

Durante los interrogatorios, legisladores pidieron datos que demuestren una relación causal entre la prohibición del agente químico y el supuesto aumento de incidentes violentos. La representante Adriana Gutiérrez Colón dijo que requiere evidencia cuantitativa antes de concluir que la reinstauración es necesaria. El DCR respondió que dispone de estadísticas comparativas desde 2022 y de reportes concretos de instituciones como Ponce y Villalba, y accedió a remitir esos datos a la comisión.

La Federación de Oficiales de Custodia y Trabajadores de Corrección (representada por Oscar Ortiz Colón) y un instructor de adiestramiento narraron experiencia operativa previa al veto y reclamaron la reinstauración con controles: custodia restringida del equipo, monitoreo constante, informes obligatorios e investigaciones administrativas tras cada uso. “Sin herramientas intermedias no letales, el riesgo de daños irreparables aumenta”, dijo Ortiz Colón.

El DCR detalló la capacidad actual: una matrícula total de 72 jóvenes (47 en Villalba y 25 en Ponce), edades desde 15 hasta casi 21 años, y cuatro psicólogos contratados para la población atendida; informó además convocatorias abiertas para 120 plazas de oficiales de servicios juveniles y la iniciación de una academia con 61 nuevos oficiales en entrenamiento.

La comisión solicitó formalmente al DCR que entregue en cinco días laborables los datos estadísticos solicitados (comparativos de incidentes significativos antes y después de la prohibición), así como el plan piloto de manejo conductual y listados adicionales solicitados durante los interrogatorios. No se registró votación ni adopción de la medida en esta vista pública; la sesión se cerró a las 11:32.

Qué sigue: la comisión esperará la documentación requerida para evaluar si existen bases cuantitativas y operativas que justifiquen la reinstauración excepcional del agente químico y el diseño final del protocolo que regule su uso.