Comisión examina proyecto para reembolsos salariales y alivios fiscales a PyMEs en riesgo

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes escuchó el 5 de febrero la ponencia técnica sobre el Proyecto de la Cámara 451, que crea la "Ley de rescate del empresario puertorriqueño" para ofrecer reembolsos salariales y alivios contributivos a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre.

En la sesión, el licenciado Marcos Andrade Ravelo, asesor legal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, explicó que el proyecto "le añade el reembolso salarial hasta un 50 por 100 del salario mínimo estatal de la nómina de empleados existentes" y prevé, entre otros beneficios, una tasa contributiva preferencial variable de 5% a 20% por hasta tres años, reestructuración de deudas contributivas y exenciones de hasta 50% en contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble y patentes municipales por un máximo de tres años.

Andrade señaló que el P. de la C. 451 encomienda la administración de los incentivos al programa de comercio y exportación (PCE/DiDiC) y advirtió que, dado que algunos incentivos propuestos son reembolsos, "sería necesario una asignación especial" para que la entidad cuente con los medios económicos para efectuar desembolsos. El funcionario pidió que la comisión solicitara al Departamento de Hacienda un análisis del impacto fiscal del proyecto.

Legisladores presentes expresaron dudas sobre el costo fiscal anual y el tope por empresa. La representante Lizzie Burgos Muñiz preguntó expresamente "¿Cuál usted estima que será el costo fiscal proyectado anual para esta medida?"; Andrade respondió que ese análisis no se había realizado aún y que lo enviarían a la comisión. La petición para entregar el análisis y recomendaciones fue fijada en un plazo de cinco días.

Otros puntos discutidos incluyeron la necesidad de un tope para el fondo de incentivos (el ponente citó que el fondo de la ley 60 tiene un tope anual de $125,000,000), la exclusión de creación de empleos nuevos como objetivo central —el proyecto está orientado a "retener y evitar la pérdida de empleos"— y las limitaciones del Departamento para gestionar prórrogas o planes de pago respecto a deudas de otras agencias.

Varios legisladores propusieron que el programa comience con un plan piloto, que identifique sectores o áreas geográficas (por ejemplo zonas afectadas por terremotos o regiones de la montaña) para medir impacto y evitar un despliegue masivo sin controles. También se solicitó que el P. de la C. incluya criterios objetivos de elegibilidad (por ejemplo, información contable y certificaciones que demuestren riesgo de cierre) y mecanismos de transparencia sobre beneficiarios.

La sesión concluyó sin votación sobre el proyecto; la comisión solicitó que el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Hacienda remitan, en el término solicitado, el análisis de impacto fiscal y recomendaciones específicas para hacer la medida viable.