Comisión discute exención de permiso de uso para conexiones de agua y energía en viviendas previas a la Ley 161

La Comisión de Desarrollo Económico analizó el Proyecto de la Cámara 778, que pretende enmendar artículos de la Ley 161 para permitir que residencias familiares construidas antes de la vigencia de esa norma obtengan la conexión de servicios básicos (agua y energía eléctrica) sin el requisito de permiso de uso.

Viviana Pereira, abogada de la Oficina de Gerencia de Permisos, expuso que la intención del proyecto es facilitar el acceso a servicios esenciales para familias en comunidades vulnerables, pero advirtió que "las construcciones no autorizadas afectan la seguridad de las personas, el medio ambiente y la elegibilidad para la obtención de fondos federales y estatales destinados a la reconstrucción tras eventos de desastres naturales." En consecuencia, Pereira recomendó delimitar con precisión el alcance de la excepción e incorporar salvaguardas técnicas y ambientales.

La ponencia de la Junta de Planificación —leída en nombre del presidente Héctor Morales Martínez— coincidió en que la propuesta es viable siempre que se acoten criterios probatorios (catastro, certificaciones municipales, fotos aéreas) y se exijan certificaciones mínimas (ingeniero, electricista, plomero) para evitar riesgos a la seguridad y a la gestión de fondos federales.

Los legisladores preguntaron sobre el mecanismo para acreditar la fecha de construcción (antes de 2009), el costo que implica exigir planos de ingeniería —que varios comparecientes situaron en cientos hasta miles de dólares— y cómo evitar que el beneficio se aproveche para usos comerciales. Gabriel Rodríguez Aguiló y otros defendieron un permiso condicionado que obligue a certificaciones técnicas; Aguiló propuso que la ley incluya una instrucción expresa a LUMA y a la Autoridad de Acueductos para aceptar permisos condicionados y no pedir reiteradamente planos certificados si la ley los exime.

Se discutió también la necesidad de un mecanismo de inscripción en la OSPE para registrar las excepciones y de mantener la facultad de suspender servicios cuando se detecte cambio de uso no autorizado. La comisión solicitó a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Junta de Planificación que remitan recomendaciones específicas y una propuesta de reglamento en un plazo de cinco días.

La discusión incluyó advertencias sobre zonas inundables y edificaciones con alteraciones posteriores que podrían no ser seguras; los ponentes propusieron requisitos probatorios combinados (catastro, certificación municipal, fotografías aéreas y certificaciones profesionales) para mitigar el riesgo de legalizar construcciones peligrosas.

No se tomó votación durante la vista; la comisión programó la recepción de las recomendaciones para continuar con la redacción de enmiendas si procede.