Familiares de presos políticos en Caracas dijeron recibir con escepticismo el anuncio de Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, de transformar El Helicoide —un centro de reclusión denunciado por familiares y activistas como lugar de tortura— en un centro deportivo y comunitario.
Los familiares y expresos políticos pidieron cautela y vigilancia sobre los pasos del régimen. El reporte señala que el politólogo y exdetenido Nickmer Evans y su esposa, Martha Cambero, expresaron reservas y solicitaron que cualquier decisión sobre el inmueble sea discutida públicamente y con garantías democráticas.
Otro familiar dijo que El Helicoide debería conservarse como un espacio de memoria para recordar las atrocidades que, según voces presentes en el reporte, habrían ocurrido en función de fines políticos, porque allí hubo muertes y torturas y decenas de familiares que sufrieron vulneraciones de derechos humanos.
El abogado y analista político Kennedy Bolívar evaluó que la decisión de convertir el centro y el anuncio de una ley de amnistía que, según el reporte, abarcaría delitos políticos desde 1999 representan, a su juicio, un reconocimiento implícito de la existencia de presos políticos y de violaciones de derechos humanos; añadió que, en su opinión, esto también refleja la presión internacional mencionada en el texto.
El texto del reporte también afirma que, el pasado 6 de enero, y en relación con un arresto atribuido en el propio reporte al gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser responsable de un esquema de torturas en El Helicoide. Ese pasaje se presenta en el reporte sin verificación independiente dentro del mismo texto y por tanto queda consignado aquí como una afirmación reportada.
Asimismo, el reporte indica que el Departamento de Estado confirmó a Martínoticias que la embajadora Laura Dogu llegaría a Caracas para desempeñarse como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y que, según el texto, Dogu trabajará con actores públicos y privados para impulsar un “plan de 3 fases” atribuido en el reporte al presidente Donald Trump y al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. El artículo registra esa referencia tal como aparece en el reporte; no verifica roles o títulos ajenos al propio texto.
No hubo en el reporte constancia de votaciones, acciones formales ni calendarios de implementación detallados sobre la reconversión del inmueble. El balance que dejaron las fuentes citadas es una mezcla de esperanza prudente y exigencia de memoria y garantías legales antes de aceptar el cambio de uso del edificio.