Comisión de la Cámara evalúa proyecto que busca prohibir el “boceteo” nocturno y pide enmiendas sobre medición y confiscación

La Comisión de Transportación e Infraestructuras de la Cámara de Representantes se reunió el 28 de enero para evaluar el Proyecto de la Cámara 911, que propone añadir artículos a la Ley 22 (Ley de Vehículos y Tránsito) para prohibir la práctica conocida como “boceteo” en horarios nocturnos y armonizar la regulación entre el Estado y los municipios.

En la vista comparecieron representantes del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Policía de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes. Siara Vilma Maldonado, en representación del secretario del DTOP, y Mary Fuster expusieron el memorial técnico del departamento y manifestaron apoyo general a la prohibición nocturna propuesta (la redacción del proyecto especifica el periodo de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.), aunque pidieron clarificaciones y excepciones para actividades legítimas como vendedores ambulantes, servicios religiosos y caravanas autorizadas.

El capitán Elvin Seno, del Negociado de Carreteras de la Policía de Puerto Rico, dijo respaldar la medida por su propósito de proteger la tranquilidad y la seguridad vial, pero propuso que, en zonas escolares, la prohibición se aplique las 24 horas del día para proteger a menores. Seno también advirtió sobre vacíos legales para la disposición de equipos incautados y pidió que el proyecto incorpore mecanismos administrativos para la confiscación y su disposición.

Ángel Morales Vázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, respaldó el proyecto como un marco estatal mínimo que no sustituye la potestad municipal, y sugirió sanciones escalonadas por reincidencia, autorización administrativa para confiscar equipos de sonido modificados y reglas claras de coordinación entre policía estatal y municipales.

Miembros de la comisión plantearon dudas prácticas sobre la implementación: cómo se probaría en un tribunal que un vehículo causó ruido excesivo, si es necesario disponer de sonómetros o umbrales de decibeles, y el destino de las multas. La representante LeBrón Robles recomendó incluir referencias técnicas sobre niveles de riesgo auditivo (citó tablas que sitúan riesgos a partir de 87 decibeles) y llevar al expediente aportes de audiólogos para fijar criterios de medición.

En la discusión salió a relucir la relación con ordenanzas municipales ya vigentes: las multas impuestas por policías municipales seguirían yendo al municipio según el artículo aplicado, mientras que las multas por la Ley 22 irían al Estado. Para evitar un impacto adverso en las finanzas municipales, se planteó y la comisión acordó evaluar una enmienda para asignar un porcentaje de recaudación a los municipios (se mencionó como ejemplo un 10%).

El autor del proyecto, el representante Torres Zamora, defendió la iniciativa como una respuesta a problemas crónicos en zonas concretas (mencionó Isla Verde y otros sectores) y reiteró su intención de armonizar la respuesta estatal para la franja horaria nocturna; también aceptó estudiar enmiendas sobre presunciones y medida probatoria.

La comisión solicitó a la Federación de Alcaldes y a varios municipios (incluyendo San Juan, Bayamón y Toa Baja) que remitan en cinco días laborables copias de ordenanzas vigentes y estadísticas sobre multas relacionadas con “boceteo” para ayudar a fundamentar las enmiendas. No hubo votación final; la medida se dejó en análisis con instrucción de redactar propuestas de enmienda sobre confiscación, criterios de reincidencia, uso de equipos de medición y mecanismo de reparto de multas.

La sesión concluyó a las 11:47 a.m. con la directora del DTOP y la Policía disponibles para entregar propuestas de enmienda y con el compromiso de la comisión de incorporar ajustes para proteger tanto la tranquilidad pública como la autonomía municipal.