Comisión de Hacienda escucha a la Cámara de Comercio sobre el proyecto 10‑14; piden análisis fiscal y tiempo para implementación

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebró el martes 27 de enero una vista pública sobre el proyecto de la Cámara 10‑14, una iniciativa dirigida a aliviar la carga contributiva de individuos mediante una nueva tabla de renglones y ajustes por inflación.

Compareció la licenciada Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, acompañada por el licenciado Rolando López, presidente del comité de asuntos contributivos. La Cámara describió el proyecto como una intervención focalizada que establece un primer renglón exento hasta $12,500 y tasas marginales que alcanzan 33% para ingresos superiores a $150,000, y señaló que dispone ajustes automáticos por inflación a partir del año contributivo posterior a 2025.

"El proyecto de la Cámara 10 14 atiende exclusivamente a los individuos", dijo Margaret Ramírez Báez al presentar el análisis de la entidad, y agregó que el ajuste por inflación y el incremento de la excepción por dependientes de $2,500 a $5,000 son medidas "positivas" que preservan el valor real de esos beneficios.

El testimonio advirtió, sin embargo, que el proyecto no constituye una reforma estructural del sistema contributivo y que su sostenibilidad depende de identificar mecanismos de financiamiento. Rolando López puntualizó que "la eliminación del descuento general del 5 por 100... como resultado representa un aumento en la carga contributiva" para ciertos tramos, y subrayó la necesidad de evaluar el gasto tributario para compensar posibles merma de recaudos.

Integrantes de la comisión y ponentes se centraron además en disposiciones que afectan exenciones al IVU sobre placas solares y vehículos eléctricos. La Cámara de Comercio indicó que esos rubros fueron considerados como fuentes de recaudo y recomendó que la política pública sobre energías alternativas se analice de manera conjunta para evitar efectos adversos en comercios que ya han invertido en sistemas alternos de abastecimiento.

Sobre implementación técnica, la Cámara informó que el sistema SURI y la programación requerida para adoptar los cambios tomarían alrededor de tres meses para pruebas y validaciones. "Alrededor de 3 meses" fue la estimación repetida por los ponentes sobre el tiempo necesario para preparar el sistema y ejecutar pruebas internas antes de abrir el proceso a los contribuyentes.

El presidente de la comisión advirtió asimismo sobre la necesidad de contar con el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (LOPAL) y con la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal para medidas con impacto fiscal significativo. En el hemiciclo se mencionaron estimaciones del costo fiscal vinculadas a la propuesta (mencionadas en distintos pasajes del debate en torno a cifras alrededor de 500,000,001 y 550,000,000 dólares) y la Cámara enfatizó la urgencia de identificar fuentes que compensen la reducción de recaudos.

En lo procesal, el presidente de la comisión informó que la información solicitada al Ejecutivo no llegó dentro del plazo inicialmente concedido y anunció que otorgaría una prórroga de 10 días calendario adicionales para su entrega; dejó constancia pública sobre la ausencia de los documentos y remitirá copias de las cartas de petición a la prensa.

El debate continuó con preguntas de representantes sobre plazos de radicación de planillas, efectos en la competitividad y la posibilidad de sustituir excepciones por mecanismos alternativos de recaudación (incluido el debate sobre IVA versus IVU). La sesión concluyó a las 12:14, con la comisión reiterando la disposición de recibir información adicional y de someter el proyecto a análisis técnico y fiscal más amplio antes de avanzar.

Acción tomada: concesión de una prórroga de 10 días calendario para que los secretarios remitan la información requerida a la comisión. No se registraron votos sobre la aprobación del proyecto en esta vista.