Ponentes avalan líneas generales de la reforma contributiva pero piden enmiendas técnicas y tiempo para implementación

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebró el 26 de enero una vista pública sobre el proyecto de la Cámara 1014 —la llamada reforma contributiva— en la que el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Bancos expresaron apoyo a los principios del texto pero pidieron enmiendas técnicas y más tiempo para la implementación.

CPA David Rodríguez Ortiz, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, dijo que “el artículo establece nuevas escalas contributivas para individuos, reduciendo las tasas marginales y ampliando los tramos de ingreso” y señaló que la medida incorpora ajustes por inflación y simplificación para la clase media. Al mismo tiempo, advirtió que la eliminación del descuento del 5% que hoy reduce la tasa máxima efectiva de 33% a 31.35% representaría, tal como está redactado, un aumento de la carga fiscal sobre los contribuyentes en los tramos más altos y podría afectar la competitividad.

La licenciada Zoema Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, expresó apoyo a los “principios y pilares” del proyecto pero subrayó la necesidad de corregir incongruencias de redacción y aclarar las fechas de efectividad para evitar confusión operativa entre bancos, agentes pagadores y Hacienda. “Incluye un ajuste de inflación a dichas escalas”, dijo, y pidió que reglas sobre efectividad y reportes informativos queden claras con suficiente antelación.

CPA Kenneth Rivera Robles, ponente por el sector privado, valoró la reducción de tasas y el ajuste por inflación como beneficios inmediatos pero puso en guardia sobre los plazos técnicos: “el programa va a tardar 30 días en lo que está listo”, explicó, y solicitó tiempo adicional o prórrogas administrativas para que procesadores de nómina, proveedores de software y agentes pagadores actualicen sistemas.

La discusión legislativa se centró en tres ejes: (1) impacto fiscal y cumplimiento del plan fiscal y de la Junta de Supervisión Fiscal; (2) efectos de eliminar exenciones vinculadas a políticas públicas —en particular placas solares y vehículos eléctricos— y cómo compensar la pérdida de recaudos; y (3) plazos y capacidad operativa del Departamento de Hacienda para emitir instructivos, formularios e implementar cambios en SURI.

Varios representantes preguntaron a los ponentes por el efecto en la inversión y en empresas locales. Sobre ese punto, los expertos señalaron diferencias entre deducciones aplicables a negocios y a asalariados y recordaron que los cambios podrían motivar cambios de conducta (por ejemplo, demorar transacciones o ventas de negocios). También advirtieron que la extensión retroactiva de ajustes por inflación plantea retos administrativos y, de aprobarse sin preparar sistemas y formularios, podría forzar la postergación de fechas de radicación (por ejemplo, abril 15) y otras fechas vinculadas (informativas del 28 de febrero, patentes, etc.).

En el plano presupuestario, los ponentes y legisladores coincidieron en que la reforma debe ser “revenue neutral” frente a la Junta de Supervisión Fiscal; se mencionaron alternativas para compensar pérdidas (reducción de gasto, mayor fiscalización) y se reclamó al Poder Ejecutivo información desglosada sobre partidas que se consideran para costear la medida. La presidenta del colegio y la Asociación de Bancos solicitaron además plazos mínimos para la emisión de instructivos y solicitudes de atenuación (por ejemplo, entre 45 y 60 días para que agentes pagadores adapten informativas si cambia la forma de reportar distribuciones).

Los ponentes enfatizaron medidas administrativas que facilitarían la transición, como posponer plazos de radicación, optar por pagos periódicos o rollovers para evitar retiros masivos de planes de retiro, y diseñar planillas pre‑pobladas para asalariados una vez que el sistema sea simplificado. Sobre los jubilados y el manejo de disposiciones retroactivas (por ejemplo, respecto a la Ley 106), los expertos recomendaron que Hacienda determine formularios y reglas claras para reintegros o créditos y que se evalúe cuidadosamente el riesgo de pagos masivos.

Al cierre, el presidente recordó que la Comisión sigue en proceso de recibir información adicional solicitada a Hacienda y a la Junta de Supervisión Fiscal y citó una próxima vista pública; no hubo votación ni decisión formal en la sesión.

El trámite continuará en la Cámara y podría requerir enmiendas técnicas en sala, plazo adicional para la puesta en marcha operativa y coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal antes de cualquier votación final.