Cámara interroga a la secretaria de Corrección sobre pase extendido que precedió al asesinato de Ivette Meléndez

La Cámara de Representantes celebró el 14 de mayo una sesión de interpelación con la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Anahí Escobar Pavón, centrada en la concesión de un pase extendido por condición de salud al recluso Hermes Ávila Vázquez y las fallas administrativas que precedieron al homicidio de Ivette Joan Meléndez Vega.

La secretaria comenzó recordando el marco legal y organizativo del DCR y relató la cronología clínica y administrativa del recluso: desde diagnósticos (paraplejia, vejiga neurogénica, hepatitis C y síndrome cervical degenerativo) hasta evaluaciones realizadas por paneles médicos privados que, dijo, terminaron recomendando su inclusión en el programa de pase extendido. "Me comprometo de manera firme a implementar todas las necesarias para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a ocurrir", afirmó la secretaria en su exposición inicial.

Legisladores de distintas delegaciones plantearon preguntas sobre cuál normativa se aplicó (la Ley 25 de 1992, el plan de reorganización del DCR de 2011 o el reglamento 9‑2‑4‑2 de 2020), la existencia y contenido de certificaciones médicas, la participación de la empresa contratada para servicios de salud correccional y la notificación a víctimas. El representante Héctor Ferrer sostuvo que, según la documentación revisada por la Cámara, "hubo un acto de negligencia y de irresponsabilidad administrativa" y pidió certificaciones médicas, memorandos de delegación y pruebas de las visitas de seguimiento.

La secretaria respondió que el caso presenta discrepancias entre la letra de la ley y la redacción del reglamento operativo y que esa misma ambigüedad había dado lugar a interpretaciones distintas por parte de funcionarios pasados. Escobar Pavón detalló medidas correctivas ya en curso: una auditoría externa del expediente médico (encargada a UTCORP/UTICORP), la suspensión sumaria de la empleada enfermera señalada y la remoción de la facultad de firmar pases a la directora del programa de desvío, Celia Cosme. También anunció la instalación de brazaletes electrónicos adicionales a participantes y la suspensión temporal de concesiones similares mientras se revisan procedimientos.

En varias rondas los legisladores solicitaron documentación precisa bajo plazos: la secretaria confirmó la entrega previa al Legislativo de copias del expediente de Hermes Ávila y de los paneles médicos y aceptó remitir, en el término fijado por la Cámara, copias certificadas y memos de delegación. Entre las evidencias pedidas figura la certificación que acredite si el pase se otorgó bajo la Ley 25 o exclusivamente según el plan de reorganización y la versión vigente del reglamento 9‑2‑4‑2; la secretaria prometió aportar los documentos en el plazo requerido.

Los interrogantes se extendieron al rol de la empresa privada que presta servicios médicos al DCR. La secretaria informó que el contrato con la empresa identificada en la sesión (Physition/Physition Correctional) fue renovado para período fiscal 2024–2029 y que la decisión final de excarcelación corresponde al DCR apoyada por la recomendación médica externa. Legisladores reclamaron lista de especialistas disponibles, copia del contrato y el detalle de quién firmó cada uno de los 21 pases actualmente activos.

Además, la secretaria presentó datos operativos: señaló que, entre 2000 y 2024, los ingresos al programa de pase extendido sucesivamente variaron por año (datos presentados en sesión) y que, del total de casos recientes, cinco contaban con "prognosis de vida corta" según la oficina y 21 eran los casos activos revisados. Agregó que solo dos pases se habían revocado desde 2000 hasta 2024, incluido el del caso bajo discusión.

Al cierre de la vista, la Cámara exigió copias completas de los expedientes médicos relevantes (la secretaria indicó que había 49 tomos y que ya fueron entregados al Departamento de Justicia) y fijó plazos para la entrega de memorandos, contratos y listados de funcionarios citados por la investigación. La secretaria reafirmó su disposición a colaborar con la investigación administrativa y con el Departamento de Justicia y dijo que, de comprobarse negligencia, se aplicarían las sanciones administrativas o penales procedentes.

Votes at a glance: al concluir la sesión ordinaria la Cámara aprobó varios proyectos leídos para votación final esa noche; el oficial de acta registró 42 votos a favor y ninguno en contra en cada uno de los proyectos consignados en el calendario de votación.

La sesión de interpelación quedó en receso tras varias solicitudes de entrega de documentación y la promesa de la secretaria de remitir expedientes y certificaciones solicitadas para sustentar la investigación administrativa y apoyar las diligencias del Departamento de Justicia.