La Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico celebró el 31 de enero de 2024 una vista pública para revisar el estatus de la Ley de Carrera Magisterial, citada por la Resolución del Senado 114. La presidenta de la comisión, senadora Ada García Montes, abrió la sesión y señaló que la secretaria de Educación se excusó por motivos de salud; en su lugar compareció el director del programa de carrera magisterial, Jimmy Cavan.
Representantes sindicales y docentes relataban, ante la comisión y el público conectado, años de demoras, notificaciones “genéricas” sin especificar los anejos faltantes y pagos retroactivos sin desembolsar. El Dr. Raúl González Colón, vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, dijo que la agencia mantiene pendientes miles de casos y que “el departamento de educación le debe el pago a los siguientes docentes… siete mil novecientos docentes” relacionados con años 2014–2015, y pidió la asignación inmediata de personal y presupuesto para atender la carga acumulada.
Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros, describió cifras y efectos del proceso y reclamó rectificaciones: “Los docentes de Puerto Rico merecen justicia salarial”, pidió extensión de plazos, publicación de listados de casos y pago retroactivo donde corresponda. Las organizaciones educamos y Únete describieron problemas con la plataforma electrónica (INSOL/Innovative Solutions según la intervención) que, dijeron, borra documentos o entrega boletas sin respuesta, y exigieron que la agencia entregue información caso por caso.
El representante del Departamento de Educación, lic. Daniel Russell Ramírez, y Jimmy Cavan respondieron que la secretaria Raíces delegó la atención de la vista al personal técnico y anunciaron medidas operativas: habilitaron un proceso de reconsideración presencial por regiones que comienza a partir del 1 de febrero y que se extenderá durante febrero; los maestros con mensajes de devolución serán citados por enlaces regionales para presentar evidencias en persona. Cavan explicó que la exigencia de transcripción de crédito responde a la falta de expedientes digitalizados y a la necesidad de verificar la pertinencia de estudios, y que la agencia coordina con Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y otras entidades para identificar fondos retroactivos y prospectivos.
Durante la sesión los senadores interrogaron en detalle: solicitaron la lista de casos pendientes y aprobados, la cuantificación de pagos realizados hasta la fecha y copia de contratos y facturas de proveedores de la plataforma. El Departamento se comprometió a remitir a la comisión contratos y facturación de los proveedores y a entregar información adicional en cinco días, y a completar un informe sobre la identificación de fondos entre febrero y el 30 de junio, plazo que la ley establece para algunas fases del pago.
Un panel de docentes expuso casos concretos: expedientes que aparecen aprobados en papel sin pago, notificaciones sin especificar por qué fueron devueltas y años de trámites sin respuesta. Blanca Mercedes de Jesús Rivera contó que su plan se aprobó en 2012 y que, pese a cumplir con la documentación, “solo me han adjudicado el aumento por activarme” sin retroactivo correspondiente. Varias maestras denunciaron también dificultades para obtener citas, ausencia de respuesta a querellas y temor a que expedientes se hayan extraviado en procesos de archivo en papel.
La presidenta de la comisión instruyó al Departamento para que conteste de forma escrita las cinco ponencias presentadas en la vista en un plazo máximo de diez días y fijó seguimiento con nueva vista en un plazo aproximado de quince días para comprobar la ejecución del calendario regional y la entrega de la información solicitada. El Departamento reiteró que revisará políticas y procedimientos, que trabaja con las agencias fiscales para identificar presupuesto y que iniciará el contacto regional con los maestros afectados.
La vista dejó dos acuerdos clave de procedimiento: (1) atención presencial y revisión de las reconsideraciones por región durante febrero para los maestros con expedientes devueltos; (2) remisión a la comisión de documentación contractual, facturas y tablas con el estado de casos y desembolsos en un plazo acordado por los miembros.
La comisión cerró la sesión comprometiéndose a dar seguimiento legislativo si las revisiones administrativas no corrigen las fallas detectadas.