Comisión del Senado exige detalles tras rebaja y nueva licitación del estudio para instalar aires en escuelas

El Senado celebró una vista pública el martes 13 de febrero para actualizar el estado de la infraestructura escolar y la viabilidad de instalar acondicionadores de aire en escuelas públicas, tras huracanes y terremotos recientes.

En la presentación, la licenciada Janice/Yanis Miranda, en representación del Departamento de Educación, dijo que la agencia compró "aproximadamente treinta y dos mil ventiladores" como medida de mitigación a corto plazo y que publicó una solicitud para un estudio de carga que cubra a las ochocientas cincuenta y seis escuelas en uso. "Nuestra prioridad es proporcionar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje de nuestros estudiantes", declaró en la lectura de la ponencia.

El estudio debía estimar capacidad de subestaciones, necesidades de rediseño, costos de mejoras y evaluar el potencial de energías renovables. El comité evaluador recibió siete propuestas en septiembre de 2023 y, según la presentación, la recomendación más baja del comité fue para una oferta que superaba el presupuesto asignado: el Departamento había previsto $1.8 millones para el servicio, pero "el postor más bajo sorprendentemente vino por cuatro punto ocho millones", explicó el ingeniero José Basora Facundo, que encabezó el proceso.

Ante las ofertas superiores al tope presupuestario, el gobierno entró en negociaciones con el proponente más económico sin lograr condiciones aceptables y "se decidió cancelar el proceso y traer una nueva licitación" con alcance ajustado, dijo Basora. Esa nueva invitación fue enviada a once firmas y fue fijada con fecha de apertura de propuestas para el 15 de febrero.

La comisión expresó preocupación por la disparidad entre estimado y ofertas y por la disponibilidad de fondos (ARPA/ESER). El secretario interino Luis González informó que la Secretaría local no ha tenido comunicación formal con su contraparte federal sobre la suma necesaria y la comisión ordenó que, en cinco días hábiles, se entregue certificación de cualquier comunicación federal o memorando relevante.

Sobre plazos, Basora explicó que el estudio se dividirá en dos fases; la primera mitad de las escuelas se evaluaría en tres meses y la segunda en cuatro meses, con los primeros informes a partir de los cuatro meses posteriores a la adjudicación. "El estudio nos proveerá información sobre el costo que tendrán las mejoras a los planteles", afirmó la ponencia.

La comisión pidió además listados de las escuelas que quedarían fuera del estudio (las 91 escuelas Innova y otras por reemplazo) y otros documentos técnicos y financieros en un plazo de cinco días hábiles. La sesión fue levantada a la 1:16 p.m.