Comisión del Senado escucha a psicólogos que piden aclarar papel de APS en proyecto para acabar monopolio en salud mental

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico celebró el miércoles 21 de febrero de 2024 una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1314, que propone enmendar la sección 1 del artículo 9 de la Ley 72 (1993) para «terminar con el monopolio en la salud mental» y obligar a las aseguradoras a contratar directamente con distintos proveedores e instituciones hospitalarias en igualdad de condiciones.

Gerardo López Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y la doctora Malvali Santana, miembro de la junta de la asociación, comparecieron y apoyaron la meta general del proyecto, pero pidieron aclaraciones puntuales sobre cómo se regulará la participación de APS (administrador/IPA) si la entidad llegara a ser considerada proveedor.

"Nos preocupa que APS se convierta en un proveedor y, a la vez, en fiscalizador", dijo Malvali Santana, y planteó que esa condición podría concentrar control sobre tarifas, contratación y acceso. López Sánchez añadió que el sistema actual funciona como un "embudo" que limita la entrada de proveedores y aumenta tiempos de espera.

Los testigos expusieron ejemplos concretos de desigualdad en el acceso según el plan médico: participantes de Plan Vital, dijeron, pueden quedar en una sala de estabilización de 24 horas antes de una hospitalización, mientras que otros planes permiten admisión más inmediata. También relataron casos administrativos —como la imposibilidad de imprimir referidos— que obligan a usuarios a desplazamientos adicionales.

Sobre la documentación que respalda las quejas, Santana afirmó que el informe ASEX citado en algunos expedientes figura con fecha de entrega en mayo, pero la Asociación tuvo acceso a él en diciembre cuando la periodista Sandra Rodríguez Cotto lo publicó, lo que, según ella, evidencia fallas en la transparencia y cronología de entregas.

Los comparecientes señalaron además una posible restricción de las aseguradoras que limita redes a psicólogos con grado doctoral, lo que excluye a profesionales con revalidación por maestría y reduce la oferta de servicios. Santana y López Sánchez citaron una encuesta de la Asociación con aproximadamente 722 respuestas que, según ellos, mostró que entre el 90 % y el 95 % de los encuestados consideraban emigrar por mejores condiciones laborales.

Durante la vista hubo debate entre legisladores y testigos sobre si el problema es solo un monopolio o una falla sistémica mayor: un legislador señaló que abrir la competencia sin fiscalización podría reemplazar un monopolio por "tiburones" que reduzcan tarifas y nieguen servicios. Speaker 1 (presidencia de la sesión, sin identificación nominal en el acta) dijo que el proyecto busca tanto destruir el monopolio como establecer condiciones claras de contratación y mecanismos de fiscalización.

No se registró votación ni adopción de enmiendas en la sesión. La Comisión citó ausencias: la Administración de Seguros de Salud y CES se excusaron; el Hospital San Jorge también se excusó por estar en proceso de venta y transición.

La vista concluyó a las 11:13 a.m.; los comparecientes solicitaron reuniones adicionales y la Comisión indicó que continuará examinando el texto para incorporar clarificaciones sobre términos de contratación, criterios de inclusión en redes y mecanismos de fiscalización.