Senado escucha a fiscales y tribunales sobre proyecto que acorta a 24 horas la vista en alzada; mayoría recomienda plazo de tres días

La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado realizó el lunes una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1402, que propone enmendar la Regla 6(c) del procedimiento criminal para establecer que, en casos presentados bajo la Ley 54 (violencia de género), la vista de determinación de causa probable en alzada se solicitará y celebrará en un término de 24 horas.

Domingo Emanuel Hernández, secretario de Justicia de Puerto Rico, dijo que el Departamento de Justicia “favorece toda propuesta legislativa que busque proveer más y mejores mecanismos de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica” y presentó el memorial del organismo ante la comisión.

La jefa de fiscales, Jessica Correa González, expuso reservas sobre el término propuesto. “Estimamos que la propuesta de un término de veinticuatro horas para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada… podría ser demasiado corto”, dijo, y explicó que en escenarios donde el Ministerio Público decida presentar testigos adicionales —que no estuvieron en la vista inicial— citar a esas personas en 24 horas puede ser “excesivamente oneroso” y frustrar la intención de agilizar procesos.

La fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la división de coordinación de unidades especializadas, aportó datos operativos y explicó cómo la fiscalía identifica casos de violencia doméstica en su plataforma. En su exposición citó cifras de 2023: “tuvimos un total de tres mil setenta y dos casos donde hubo causa probable en regla seis y seiscientos treinta y uno no hubo causa. De esos, la fiscalía solicitó regla seis en alzada en ciento veintiséis casos”, y describió la necesidad de tiempo para localizar testigos y preparar evidencias adicionales.

En su ponencia escrita y oral, el Departamento de Justicia expresó que, aunque apoya el fin del proyecto de reducir la vulnerabilidad de víctimas, recomienda que el término para la alzada “no exceda de tres días laborables” y que ese plazo cuente desde el momento en que el Ministerio Público solicita la vista, ya sea en sala o por moción.

Representantes de la Administración de los Tribunales (OAT), incluida Giselle Rosas González en representación del director administrativo y Danira Muñiz de la oficina de legislación y reglamento, dijeron que las directrices administrativas vigentes ya pautan un plazo de hasta tres días laborables para fijar la fecha de la vista en alzada. Muñiz detalló que la orden administrativa exige que, al señalarse la fecha, se notifique al coordinador o coordinadora de la sala especializada para activar servicios como intercesoría legal, evaluación de riesgo y planes de seguridad para la víctima.

“El plazo de tres días laborables establecido para realizar la audiencia… toma en consideración la posibilidad de que cualquiera de las partes pudiera requerir un espacio de tiempo razonable para prepararse”, dijo la ponente de la administración de tribunales, en referencia a la necesidad de entrevistar o citar testigos distintos a los de la vista original.

Varias senadoras plantearon dudas sobre la capacidad operativa de fiscales, policías y salas para responder en plazos muy cortos y subrayaron la importancia de acompañamiento psicosocial y medidas de prevención. Aída Ivette González Santiago, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio Autónomo de Caguas, describió el modelo municipal de atención —incluye intercesoras legales, consejeras y un equipo de apoyo que atiende entre 15 y 20 casos diarios en salas especializadas— y respaldó la recomendación de tres días para garantizar preparación y servicios.

Ninguna acción legislativa final (votación) se produjo durante la vista. La comisión solicitó a las agencias comparecientes que remitan estadísticas y documentos de soporte dentro de cinco días laborables para continuar el análisis.

Por ahora, el debate clave queda centrado en dos opciones: acortar a 24 horas el término por ley, como propone el proyecto, para intentar reducir la ventana de vulnerabilidad de la víctima; o institucionalizar administrativamente —o por ley— un plazo de hasta tres días laborables que, según las agencias, permitiría a fiscales y tribunales coordinar citaciones, pruebas y servicios de protección sin aumentar el riesgo de suspensiones o revictimización.