Audiencia en el Senado sobre S.1402: Justicia y tribunales recomiendan plazo de tres días en lugar de 24 horas para vistas en alzada en casos de Ley 54

La Comisión de Asuntos de las Mujeres celebró el lunes una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1402, que propone enmendar el inciso c de la Regla 6 del Procedimiento Criminal para exigir que, en denuncias bajo la Ley 54 (violencia de género), la vista de causa probable en alzada se solicite y celebre en un término de 24 horas tras la determinación de no causa probable.

Domingo Emanuel Hernández, secretario de Justicia, dijo que el Departamento apoya propuestas que fortalezcan la protección de víctimas, pero remitió a observaciones técnicas y prácticas de la oficina judicial. “Dicha propuesta claramente se encuentra dentro de nuestro ordenamiento constitucional y dentro de los parámetros de nuestra política pública”, afirmó al presentar el memorial del Departamento y al señalar la necesidad de analizar la viabilidad operativa con la Administración de los Tribunales.

Jessica Correa González, jefa de fiscales, explicó las recomendaciones escritas del Departamento y advirtió que “la propuesta de un término de veinticuatro horas para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada ... podría ser demasiado corto”. Correa argumentó que en situaciones donde el Ministerio Público necesite presentar testigos adicionales o recabar prueba complementaria, 24 horas dificultarían citar y preparar a las personas necesarias y podrían frustrar la intención de agilizar procesos y lograr una determinación eficaz. Por ello, el Departamento recomendó que el plazo “no exceda de tres días laborables” y que el cómputo comience cuando el Ministerio Público solicita la alzada.

Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de Unidades Especializadas, aportó cifras preliminares y ofreció remitir un paquete estadístico en cinco días laborables. En su exposición dijo que, en 2023, hubo “3,072 casos donde hubo causa probable en regla seis y 631 no hubo causa” y que la fiscalía solicitó alzada en ciento veintiséis casos de ese total; la oficina se comprometió a entregar estadísticas detalladas requeridas por la comisión.

Representantes de la Administración de los Tribunales señalaron que, por medidas administrativas, los tribunales han pautado ya la celebración de vistas en alzada para fechas que no exceden tres días laborables desde la solicitud por parte del Ministerio Público y que las órdenes administrativas incluyen directrices para citar a la persona imputada y a testigos, así como para notificar a los coordinadores de salas especializadas y facilitar servicios de acompañamiento y seguridad para la víctima. Danira Muñiz y Giselle Rosas González explicaron que esas órdenes no requieren legislación para su implementación y que buscan uniformidad operativa.

Senadoras presentes expresaron apoyo a la intención del proyecto para proteger a víctimas pero manifestaron dudas sobre si un plazo tan corto como 24 horas podría impedir la adecuada preparación procesal y el acompañamiento especializado. Ana Irma Rivera Lacén subrayó la necesidad de evitar revictimización y mantener acompañamiento jurídico y psicosocial; Nitza Morán destacó la importancia de capacitar jueces y personal no especializado que atiende las primeras horas de atención en salas de investigaciones.

Aída Ivette González Santiago, de la Oficina de Desarrollo Humano del Municipio de Caguas, describió el modelo municipal —con intercesoras legales, consejeras y personal psicosocial— y dijo que, según su experiencia, los tres días laborables han permitido preparar mejor casos y ofrecer acompañamiento efectivo; ofreció remitir el modelo municipal para su posible réplica.

La presidenta de la comisión agradeció las comparecencias y formalizó solicitudes de entrega de la documentación y estadísticas en un plazo de cinco días laborables; la vista pública concluyó a las 12:24.

Por ahora, la discusión técnica y las exposiciones de las agencias apuntan a preferir el término administrativo de tres días laborables para coordinar preparación probatoria, citación de testigos y servicios de protección a víctimas; la comisión esperará la información prometida antes de continuar con la consideración legislativa.