Senado interroga a contratista médico por liberación que precedió a un homicidio; empresa dice que aplicó reglamentos vigentes

El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción abrió la vista pública del Senado de Puerto Rico para investigar la aplicación de la Ley 25 (1992) en la excarcelación de Hermes Ávila, cuya salida había sido seguida por el asesinato de una mujer, y convocó a comparecer a representantes de Physition Correctional.

Bajo juramento, el Dr. Raúl Villalobos, presidente de Physition Correctional, dijo que la empresa actuó conforme a los reglamentos que rigen las determinaciones médicas y explicó el procedimiento: un médico especialista realiza la evaluación inicial presencial y, si recomienda, el director clínico convoca un panel médico (mínimo tres médicos) que revisa el expediente y emite su recomendación. “Juro que diré la verdad y toda la verdad sobre todo lo que se le pregunte el día de hoy,” afirmó Villalobos al iniciar su intervención.

La discusión central giró en torno a si la decisión se amparó en la Ley 25 —que en su génesis exigía un pronóstico de vida corto— o en reglamentos posteriores y en el plan de reorganización del 2011 que incorporó la noción de “condiciones fisiológicas limitantes”. El presidente de la comisión leyó el artículo pertinente y exigió claridad: la Ley 25 establece la condición de prognosis de vida menor a seis meses como criterio. Villalobos respondió que el marco reglamentario aplicable (mencionó los reglamentos referidos en la ponencia) recoge el elemento de condiciones terminales y añadió que la práctica clínica actual incorpora también condiciones incapacitantes o limitantes.

Senadores presentes cuestionaron la consistencia entre dictámenes anteriores y la recomendación que finalmente permitió la excarcelación. En varios turnos los legisladores recordaron que Ávila había sido evaluado y negado en ocasiones anteriores por paneles médicos anteriores y que, tras una evaluación posterior, el panel asociado a Physition recomendó la evaluación favorable. El senador Rafael Bernabé dijo que “ha habido un fallo significativo en el sistema” y pidió esclarecer responsabilidades.

La compañía reconoció su responsabilidad administrativa y dijo que está reevaluando cada caso en su archivo; Villalobos afirmó que la empresa tiene alrededor de veintiún casos que han recibido pases extendidos y que están revisando internamente las evaluaciones. Sobre el intercambio de información clínica, Villalobos explicó que Physition custodia expedientes por delegación contractual pero que la solicitud formal del expediente al Fondo del Seguro del Estado en el caso de Ávila se realizó el 23 de abril de 2024, tras los hechos públicos.

La comisión ordenó a Physition entregar, en tres días laborables, documentación clave: lista de casos activos con pase extendido, copias de solicitudes y comunicaciones con el Fondo del Seguro del Estado, el informe pericial interno sobre el caso específico y los nombres y especialidades de los médicos del panel. Villalobos aceptó entregar la información sujeta a las reglas de confidencialidad y a la remisión de extractos en vista ejecutiva si procede.

La sesión concluyó con la convocatoria de nuevas comparecencias y la promesa de la empresa de colaborar en la investigación. Como siguiente paso, la comisión citó a funcionarios del Departamento de Corrección para contrastar el componente médico con las decisiones administrativas que permiten la excarcelación.