Comisión del Senado avala medir el trabajo no remunerado y pide recursos y cuestionario en cinco días

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado celebró el 26 de mayo de 2021 una vista pública sobre el Proyecto del Senado 223, que propone cuantificar el trabajo no remunerado en Puerto Rico mediante la creación de un comité especial y la realización periódica de una encuesta del uso del tiempo.

La licenciada Naomi Álamos Rivera, procuradora del trabajo en representación del secretario Carlos Rivera Santiago, presentó la ponencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y describió la intención del proyecto: "el plan para cuantificar el trabajo no remunerado en Puerto Rico" y crear un comité encargado de realizar una encuesta que permita medir la magnitud del trabajo doméstico y de cuidados y analizar disparidades de género. La compareciente explicó que la medición facilitaría el diseño de políticas públicas dirigidas a cuidados, salud y equilibrio de la participación laboral.

Ana Gabriela Jara Castro, gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas, expuso metodologías internacionales y subrayó que la encuesta estadounidense ATUS (American Time Use Survey) excluye de su muestra a territorios como Puerto Rico: "ATUS no incluye en la muestra a los territorios como Puerto Rico"; el Instituto avala la iniciativa, pero advirtió que su ejecución requiere recursos adicionales y personal dedicado para asegurar calidad técnica.

Víctor Alfredo Casiano Cosme, director de la división legal de la Procuraduría de la Mujer (en representación de la procuradora Julia Vizcarrondo), también respaldó la medida y reclamó que la pieza legislativa incluya mecanismos claros de supervisión, asignación de fondos recurrentes y métricas para monitorizar el trabajo del comité: "no encontramos reparo al proyecto... siempre que se atiendan las recomendaciones".

Durante los turnos de preguntas, senadoras y senadores solicitaron mayores precisiones metodológicas y el acceso al cuestionario que se utiliza para la recolección de datos. La presidencia de la comisión concedió un plazo de cinco días para que el Departamento del Trabajo y el Instituto de Estadísticas remitan el cuestionario y documentos complementarios (estudios exploratorios de la Universidad de Puerto Rico y plantillas metodológicas) al récord de la vista pública.

En el debate técnico surgieron tres puntos recurrentes: quién debe fungir como ente fiscalizador del comité (el Instituto de Estadísticas fue propuesto como opción), la necesidad de que la encuesta incorpore variables demográficas —por ejemplo, raza y condición de diversidad funcional— y el riesgo de que la ley fije métricas excesivamente técnicas que pudieran limitar la actualización metodológica por parte de los especialistas.

El senador Rafael Bernabé defendió el alcance político de la iniciativa y llamó a perderle "el miedo al feminismo" ante las críticas públicas sobre la inclusión de perspectiva de género en la formulación de políticas. Por su parte, los comparecientes coincidieron en que la pandemia de COVID-19 exacerbó la carga de cuidados y que disponer de datos fiables es condición para adoptar medidas que reduzcan desigualdades y protejan la calidad de vida de las mujeres.

La comisión excusó a las comparecencias de la mañana y anunció que continuará los trabajos en la tarde, tras un breve receso; el expediente incluye la petición formal de entrega del cuestionario y las aclaraciones requeridas en el plazo acordado.