En su presentación, el lic. Ricardo Rodolfo Morales, en representación de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, expresó respaldo al P. del S. 1007 por su propósito de fortalecer la colaboración municipal con organizaciones comunitarias y de base de fe, pero solicitó "una aclaración expresa en su texto" para garantizar que la incorporación de una oficina sea optativa y no implique gastos adicionales obligatorios.
Morales explicó que, según el marco jurídico vigente (artículos 1007, 1018 y 2003 del Código Municipal), la autonomía municipal permite crear unidades administrativas mediante ordenanzas o acuerdos y que el proyecto debería ofrecer opciones —crear una oficina propia, integrar funciones en una unidad existente o atenderlas mediante acuerdos— para que cada municipio elija conforme a su capacidad fiscal. La Federación se comprometió a remitir a la comisión la lista de municipios que carecen de la oficina y documentación actualizada.